Comunicado de Organizaciones y Especialistas

A comienzos de año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó a especialistas, operadores jurídicos, autoridades políticas de todo el país, así como a integrantes de ONGs y representantes de organizaciones de derechos humanos para discutir la reforma del régimen penal juvenil.
Sin perjuicio que la convocatoria ocurrió en medio de la confusión y la vorágine de discursos punitivistas en los medios, generados por la comisión de un hecho delictivo trágico y violento que se atribuyó con prisa a un joven no punible, las declaraciones públicas del Ministro Germán Garavano, en cuanto a que la reforma ocurriría luego del período electoral y merced a la construcción de consensos entre los actores involucrados, nos persuadió de que –esta vez– la problemática de la infancia y la juventud en relación al conflicto penal no sería tratada con ligereza y, mucho menos, utilizada para obtener un rédito político.
En la instancia final, luego de enviar nuestros aportes y participar en cada una de las mesas en las que las autoridades del Ministerio dividieron el trabajo, se verificó la más amplia y generalizada coincidencia respecto de que no debe ni puede reducirse la edad punibilidad contemplada en la legislación actual en los 16 años de edad.
Efectivamente, frente a las aisladas y escasas opiniones que no se apoyaron en serios y verdaderos diagnósticos, sino en impresiones y posiciones exclusivamente personales, ofrecimos argumentos jurídicos así como datos empíricos que reflejan que la disminución del mínimo de la edad de responsabilidad penal no solo constituye una medida regresiva en  materia de derechos –y por tanto contraria a la Constitución Nacional– sino una iniciativa manifiestamente inútil para abordar la situación de los niños y jóvenes respecto del derecho penal. Y esta posición constituyó a tal punto una mayoría abrumadora, que varios portales de noticias –entre éstos “Infobae” y “Clarín”– daban cuenta a la mañana siguiente que el gobierno daría marcha atrás con la iniciativa.
Sin embargo, a contra mano de la idea de avanzar con mesura y mantener la discusión al margen de disputas electorales, comenzó a trascender ese mismo día en varios medios de comunicación que el gobierno no daría marcha atrás y que el propio Presidente de la Nación un proyecto de reforma cuyo eje central sería la reducción de la edad mínima punibilidad a los 14 años de edad.
Como si fuera poco, Martín Casares –Subsecretario de Política Criminal– realizó manifestaciones en las que denostó nuestras intervenciones en contra de la baja, señalando que más allá de eso no efectuamos propuestas. Lo que implica desconocer los aportes que se realizaron en las mesas de trabajo que él mismo coordinó, y los recorridos de experiencias de cada uno de los participantes que nos valió ser parte de la convocatoria. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Justicia trascendió un comunicado en el que se manipuló el número de asistentes para relativizar el consenso que se alcanzó en el último encuentro del pasado 23 de febrero.
Frente a este escenario, y teniendo en cuenta que el Sr. Presidente anunció en la apertura de sesiones legislativas que una de sus preocupaciones era la reforma del régimen penal juvenil, subrayando que sus banderas de trabajo son el “diálogo”, el “compromiso” y los “derechos humanos de hoy”, esperamos que honre esas máximas y que de enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación respete el consenso alcanzado en las mesas respecto del punto a que no debe reducirse la edad mínima de punibilidad.