El encierro ha fracasado como método en la Argentina

Fuente: Territorio Digital
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De antemano, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) rechazó la iniciativa que propicia el Gobierno y evaluó que la reforma no puede reducirse solamente a una baja de la edad de punibilidad con el objetivo de dar lo que consideraron como “una respuesta demagógica” a la seguridad ciudadana  Se oponen -expresaron en un comunicado- sin que en un paso previo se introduzcan, por parte del Poder Ejecutivo, políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida de toda la infancia y la adolescencia. “La reforma no puede darse sin advertir la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, donde el 48 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en el país son pobres”, advierte el documento.  Sobre eso, el titular del Juzgado Correccional y de Menores de Posadas, César Raúl Jiménez, en calidad de presidente de Ajunaf, manifestó recientemente que el proyecto “tiene un objetivo claro que es la persecución punitiva a través de la Justicia penal a la población juvenil que comete delitos penales. Es un proyecto que viola los estándares internacionales, la Convención (de los Derechos del Niño) y la Ley de Protección Integral”. Expuso que, tras 20 años de trabajo en la materia, pudo comprobar que el sistema de encierro de menores que cometen ilícitos no funciona.  “El Estado peca de una gran ausencia que es la prevención en esta mirada represiva y regresiva con respecto al proyecto. ¿Qué hacemos con el niño que comete un ilícito penal a los 14 años? Trabajamos de una forma diferente, porque estamos hablando de un ciudadano en proceso de crecimiento, de desarrollo de su madurez intelectual, por consiguiente, es un espacio juvenil que nos pide permanentemente una segunda oportunidad. Por eso trabajamos de lugares socioeducativos, de la intención seria de escolarizarlos, de la idea de que se haga cargo de la responsabilidad por el daño causado, pero no a través del encierro”

Encierro y fracaso: Respecto a eso, argumentó que “el encierro ha fracasado como método en Argentina porque es un sistema que para nada resuelve el conflicto social punitivo que tiene un chico que comete un ilícito. Es decir, lo que estamos haciendo a partir de esta solución (bajar la edad de punibilidad) es profundizar aún más su actividad delictiva”.

“En las dos décadas que estoy en la Justicia de Menores tuve solamente dos casos graves por delitos de homicidio y el último fue hace siete años (caso Lucas Vega). La tarea que hicimos con este tipo de chicos que cometen delitos gravísimos es de revisión con los organismos del Estado donde durante tres y seis meses pudimos reintegrar al chico a la sociedad haciéndose cargo del daño que ha causado e incluso llegar al perdón de los padres de la víctima al victimario, como el caso Vega. Son instancias necesarias que tenemos que tener en cuenta, por eso opinamos que el encierro no es la salida, porque no resuelve la situación”, acotó el magistrado y aclaró que “pensar que la inseguridad ciudadana es patrimonio exclusivo de la población juvenil también es una ficción, una aberración. La estadística lo demuestran”.

“Mirada histérica” : Con relación a las cifras, Jiménez refirió que en Misiones los delitos cometidos por menores o adolescentes no llegan al 1,5 por ciento. “Es necesario actualizar el Régimen Penal Juvenil para transformarlo en uno conforme a los estándares internacionales, pero la mirada nace tuerta cuando pensamos que el eje central es bajar la edad de punibilidad cuando hay un comité de los Derechos del Niño que prohíbe a los países en donde hay una edad mínima, bajarla”.  Fue aún más profundo en su análisis, abarcando también el clamor social sobre la detención de los menores que cometen delitos. “Siempre digo que la sociedad tiene una mirada histérica, porque cuando el chico comete un delito lo quieren adentro, pero cuando está adentro lo quieren afuera. En ese sentido me parece que no es termómetro lo que puede llegar a decir una parte insignificante de la sociedad cuando la mayoría de las organizaciones sociales, que son representaciones de diversos sectores, se manifestaron en contra”.

“Entonces tengo que presumir o pensar que hay un sector reaccionario de la sociedad que lo quiere al chico adentro como salida de un conflicto social punitivo, lo digo así porque si vemos las cuestiones sociales de todo ese escenario juvenil que comete ilícito, la mayoría son pobres. Y es peor aún porque son pobres que roban a pobres. Lo más determinante de todo es que la mayoría son delitos contra la propiedad porque el chico no tiene un teléfono celular o una zapatilla como consecuencia de esa marginalidad. Entonces estamos hablando de políticas públicas que están faltando”.

 

 

La edad de la punibilidad

Fuente: Territorio Digital
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Qué hacer con los menores que cometen delitos y desde qué edad deberían ir a prisión son los interrogantes centrales de una compleja problemática.

De distintos sectores de la sociedad que se colocaron en contra del proyecto de ley tendiente a modificar el Régimen Penal de la Minoridad establecido en la Ley 22.278 (de 1980) para crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ) a través del cual se pretende bajar a 15 años la edad de punibilidad de los menores, que es de 16 en la actualidad.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzará a debatir el próximo martes el proyecto impulsado por el presidente Mauricio Macri con apoyo de la bancada oficialista, pero para quienes se oponen, esta iniciativa va en contra de las declaraciones internacionales que suscribió nuestro país en materia de derechos de niños y adolescentes.  Sostienen que no basta solamente con reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado nacional, de las provincias y de los municipios, del sistema de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales que encuadran alimentación, salud, educación, familia y vivienda. En contrapartida, recomiendan abrirse paso hacia una Justicia restaurativa, conciliadora y pacífica, que deje atrás la visión de que la única alternativa válida para evitar delitos es el encierro.  Consideran que la cárcel como castigo no hace más que profundizar la problemática y para evitar eso proponen un mecanismo diferente, trabajando de manera integral con todos los poderes del Estado para que el menor que delinque sea reinsertado a la sociedad, con oportunidades para redimirse y transformarse en un ciudadano de bien.  En la vereda contraria se paran los impulsores del proyecto, que aseguran que el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que pretenden aprobar contempla todas las garantías sustantivas y procesales contenidas tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales suscriptos.

Dicen estar del lado de las víctimas y que un menor no puede tener el mismo régimen penal que un adulto, pero tampoco quedarse sin castigo por el delito que comete, puesto que eso sería impunidad.

Sustentan esas consideraciones en la cantidad de hechos punitivos perpetrados por el universo juvenil que crece diariamente, afirman. En eso encuentran apoyo de un gran sector de la sociedad que quiere a los delincuentes presos, sin segundas oportunidades.  Coinciden en que el proyecto que entrará en análisis tuvo en consideración diversos anteproyectos efectuados por diferentes legisladores y destacan la importancia de que el niño, niña o adolescente pueda tener una función constructiva en la sociedad.  Por ello, propician que repare el daño causado en primera instancia realizando actividades comunitarias o capacitándose profesionalmente. Así, sostiene que sólo frente a la comisión de delitos graves se aplique la pena privativa de la libertad.

Objetivos que persigue el SRPJ

El objetivo de la norma es establecer la responsabilidad penal de los jóvenes de entre 15 y 18 años al momento de la comisión del hecho.

Se aplicará “al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de quince años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales” y a los mayores de 16 y menores de 18 que cometieren “un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”, dice el texto. Además, hace hincapié en que la intención es “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese norte, este régimen comprendería un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo”, expone el proyecto, aclarando que la duración máxima del proceso penal estará fijada en cada ley procesal y no deberá exceder el término de tres años. En cuanto a la privación de la libertad, el proyecto dice que será el “último recurso y por el plazo más breve posible”. Y no podrán ser alojados en dependencias de las fuerzas de seguridad o cárceles junto a presos mayores de edad, sino en “dependencias habilitadas y acondicionadas para ese fin, que estarán bajo la dirección de personal civil idóneo para el trato con aquéllos”. Los procesos judiciales contra adolescentes no serán públicos, excepto que lo pida el adolescente, asesorado por abogados. Tampoco podrán publicarse los nombres, fotos o datos que permitan identificarlos. El fiscal “podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los diez años de prisión”. En cuanto al adolescente, establece que “tendrá derecho a mantener contacto permanente con sus padres, familiares y demás vínculos afectivos durante el curso del proceso, excepto que resultare perjudicial o inconveniente a su interés superior”.